El personal laboral de la Universidad Politécnica de Madrid, en punto muerto: sin traslados ni promoción interna en 2025
Marzo avanza y con él crece la sensación de agravio entre el personal laboral de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El año 2026 ha comenzado sin que se haya convocado el preceptivo concurso de traslados ni la correspondiente promoción interna del año 2025, dos mecanismos básicos para garantizar la movilidad, el desarrollo profesional y la motivación de quienes sostienen día a día el funcionamiento de la institución.
La situación no es nueva, pero sí especialmente sangrante. En las distintas reuniones mantenidas con Gerencia, los sindicatos han reiterado —incluso cuando el orden del día versaba sobre otros asuntos— la necesidad de cumplir con este derecho consolidado del personal laboral. La respuesta ha sido, sistemáticamente, la misma: “estamos trabajando en muchas cosas, no os preocupéis, ya casi está”. El pasado 2 de febrero se aseguró que en quince días habría novedades. A 3 de marzo, el silencio administrativo pesa más que cualquier promesa.
Mientras tanto, la maquinaria institucional no parece haberse detenido para todos. Han salido comisiones de servicio, plazas y promociones dirigidas al personal funcionario. Se preparan nuevas plazas de administrativos funcionarios. Las reuniones avanzan. Las decisiones se toman. Pero la pregunta que resuena en los despachos y pasillos es inevitable: ¿y el personal laboral?
Una espera sin propuesta
Las hipótesis se acumulan ante la falta de explicaciones concretas. ¿Se está esperando a “regularizar” al personal que ocupa plazas distintas a las que figuran en la RPT? Si es así, ¿dónde está la propuesta formal? ¿Se está aguardando a definir la funcionarización de administrativos, bibliotecarios e informáticos? También en este punto se espera una propuesta que nunca llega.
Otra incógnita apunta a la posible centralización de servicios en los campus y a la eventual creación de plazas A1 y A2. ¿Se está diseñando un nuevo mapa de puestos que afectará al personal laboral? ¿O las futuras jefaturas estarán reservadas exclusivamente a funcionarios? Sin documentos encima de la mesa, todo queda en especulación. Lo único cierto es que la convocatoria del concurso de traslados —que nunca ha sido incompatible con procesos de reorganización— sigue bloqueada.
Un derecho básico, no un privilegio
Conviene recordar que el personal laboral es igualmente empleado público. Ha superado procesos selectivos reglados, cumple funciones estructurales y garantiza la prestación de servicios esenciales en la universidad. No se trata de una reivindicación excepcional ni de una mejora extraordinaria: se trata de ejercer un derecho básico recogido en la normativa y consolidado en la práctica durante años.
Nada de esto debe confundirse con la reciente promoción articulada al amparo del artículo 19.2 —negociada, por cierto, con la anterior Gerencia—, que responde a un marco distinto y no sustituye la necesidad de convocar los procesos ordinarios.
Frustración y desgaste
La consecuencia más visible de esta parálisis es la frustración. Hace años que parte del personal desempeña tareas diferentes a las de su puesto formal. Hace años que se habla de funcionarización en áreas donde laborales y funcionarios comparten funciones. Hace años que se menciona la centralización de servicios en Campus Sur. Y, sin embargo, ninguno de estos escenarios fue en el pasado obstáculo para convocar traslados y promociones.
Hoy sí lo es. O al menos así se percibe.
La falta de plazos claros, de propuestas concretas y de compromisos formales erosiona la confianza. Alimenta la sensación de que existen prioridades diferenciadas dentro de la misma comunidad universitaria. Y transmite un mensaje implícito difícil de aceptar: que el tiempo y las expectativas del personal laboral valen menos.
No hay excusas. Si la universidad es una comunidad basada en el mérito, la igualdad y el respeto a los derechos laborales, debe demostrarlo también en su gestión interna. Cumplir con el concurso de traslados y la promoción interna del personal laboral no es una concesión: es una obligación. Y, sobre todo, una cuestión de justicia institucional.
